En los últimos días, la prensa y los medios en general, se hacen eco de la subida en la factura de la luz, que dicen subirá entre 8 y 9 euros. Según Facua, el recibo medio de la luz superará en enero los 90 euros y será el mayor de la historia.
Hablan de niveles récord de subida, en pleno invierno, y cuando muchas familias llevan tiempo sufriendo cortes de luz porque no pueden pagarla, extendiéndose cada día más esta práctica por parte de las eléctricas. Sólo en 2015, cortaron la luz a 653.772 hogares y tuvieron 5.010 millones de beneficio.
Los medios nos explicaban también el por qué de la subida en la factura, que si se rige por un sistema de subasta eléctrica en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y corresponde ahora al precio de cada hora en el mercado.
O también por la diferencia entre la tarificación por horas y la fija, o porque si el precio de la electricidad es un 35% del recibo final, mientras que alrededor del 40% son peajes y cerca del 25% restante, el IVA y el Impuesto de Electricidad, etc.
Sin embargo, entender cómo un servicio que debería estar al alcance de todos los hogares siendo más barato y contando con tarifas sociales, ha llegado a ser el gran negocio de un oligopolio de 5 empresas, pasa por volver la vista atrás y ver lo que ha ocurrido con el sector eléctrico en los últimos 30 años.
La electricidad la producía el Estado a través de una empresa púbilca, ENDESA ( Empresa Nacional de Electricidad SA) hasta 1988, año en que empezó su privatización o la «liberalización del sector», como les gusta llamarlo. Endesa fue liquidándose en los sucesivos gobiernos de PP y PSOE.
Mientras era estatal, nadie se forraba de este servicio, bastaba con ofrecerlo a los hogares y pagar los gastos derivados. Tras la privatización de Endesa y la liberalización del sector, la electricidad ha pasado a ser un negocio de 5 empresas que se reparten el pastel y obtienen grandes beneficios, y que, siendo un negocio y ya no un servicio público, no tienen obligación de garantizar su suministro ni hacerlo accesible.
La siguiente pregunta dada esta situación, podría ser, ¿por qué las administraciones públicas no controlan los precios del sector eléctrico y el energético en general? Bueno, ahí entramos en el terreno pantanoso de las vinculaciones entre políticos y consejos de administración, las llamadas «puertas giratorias»…
Tres de los cuatro ministros de Economía de los últimos veinte años han terminado cobrando decenas de miles de euros de la empresa que antes era de todos y ahora está privatizada, Endesa. También hay expresidentes en consejos de administración de empresas energéticas, como González en Gas Natural o Aznar en Endesa.
¿Por qué iba uno a recortar los beneficios de quien luego le dará no sólo de comer, sino grandes salarios?
¿Y entre tanto beneficio y tejemaneje, quién pierde? Los usuarios y usuarias, la gente. Subida de la factura cuando muchos hogares tienen a todos sus miembros en situación de desempleo, eliminación del bono social por parte de las eléctricas, cortes de luz a los hogares más desfavorecidos, incendios debidos al uso de velas o estufas de butano por no poder pagar la luz…
En 2014 la ONU advertía que la falta de recursos para encender la calefacción en invierno provoca la muerte prematura de hasta 10.000 personas en España.
Una vez más, sus beneficios vulneran nuestros derechos y amenazan nuestra salud.
